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Las plataformas tecnológicas de transporte como Uber y Cabify siguen enfrentándose a taxistas y autoridades en busca de legitimar su modelo de negocio.
Cabify, en un movimiento público, anunció su respaldo a nueve candidatos durante las elecciones al Congreso del año pasado, quienes abogarían por una regulación que formalice la operación de estas plataformas.
Uber ha estado operando en Colombia durante cinco años, asegurando una recepción positiva y el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. Sin embargo, la búsqueda de regulación ha sido un desafío constante.
Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia, afirmó en una entrevista con El Tiempo: "Queremos ser regulados en Colombia". Aunque aún no se han entablado conversaciones formales con el Gobierno, señaló una sintonía con el presidente Iván Duque, quien ha mencionado la importancia de la economía naranja y el equilibrio entre las partes involucradas
Este avance es crucial, dado que más de 85,000 personas dependen de estos ingresos adicionales, beneficiando a un número significativo de familias.
La falta de regulación del servicio de transporte privado a través de plataformas tecnológicas es la raíz de estos conflictos, generando interpretaciones divergentes.
Se espera que el Gobierno comprenda la necesidad de avanzar en una regulación que beneficie tanto a conductores como a usuarios, fomentando la innovación y la economía colaborativa.
¿Por que el Gobierno Colombiano debera regular las aplicaciones de Transporte Privado de manera inmediata?
El Gobierno Colombiano debe de regular las aplicaciones de transporte privado de manera inmediata por varias razones:
Seguridad
El transporte privado no regulado puede representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros. Los conductores no están sujetos a los mismos requisitos y controles de seguridad que los conductores de taxis tradicionales, lo que puede poner en peligro a los pasajeros.
Una regulación adecuada garantiza que los conductores estén capacitados y que los vehículos estén en condiciones adecuadas para transportar pasajeros.
Competencia desleal
La falta de regulación para las aplicaciones de transporte privado puede generar una competencia desleal en el mercado de taxis. Los conductores de las aplicaciones de transporte privado no están sujetos a las mismas regulaciones y requisitos que los conductores de taxis tradicionales, lo que les permite ofrecer tarifas más bajas y operar en zonas que los taxis tradicionales no pueden.
Protección de los derechos de los trabajadores
La falta de regulación también puede llevar a la explotación de los trabajadores que ofrecen servicios de transporte privado. La regulación adecuada garantiza que los conductores reciban una compensación justa por su trabajo y que estén protegidos por leyes laborales.
Impuestos
La falta de regulación también puede permitir que las aplicaciones de transporte privado evadan impuestos. Una regulación adecuada garantiza que las empresas paguen los impuestos correspondientes, lo que contribuye a la economía del país.
La adecuada regulación de las aplicaciones de transporte privado es esencial para asegurar la seguridad de los pasajeros, prevenir prácticas comerciales injustas, proteger los derechos laborales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por ende, el Gobierno colombiano debe actuar rápidamente para establecer regulaciones que promuevan un mercado de transporte equitativo y seguro.
A pesar de ello, el Ministerio de Transporte ha adoptado una postura desfavorable, anunciando la cancelación de licencias de conducir por 25 años para aquellos que utilicen sus vehículos privados para ofrecer servicios de transporte público.
Uber, por su parte, se mantiene firme en su disposición al diálogo. Nicolás Pardo enfatiza la necesidad de abordar los desafíos tecnológicos y los cambios en los modelos de negocio con soluciones integrales de movilidad, adaptándose a los avances tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo.
La empresa continuará proponiendo alternativas y luchando por una regulación favorable, consciente de que Colombia no puede quedarse rezagada en la adopción de soluciones para sus ciudadanos. Hasta la fecha, 134 jurisdicciones en todo el mundo han regulado este tipo de servicios.
